Los desarrolladores energéticos afrontan un recorrido de 3 a 5 años desde el concepto inicial hasta la operación comercial. Los procesos regulatorios actualmente consumen más tiempo que la propia construcción de las plantas.
Este análisis examina la realidad de llevar activos energéticos a gran escala al mercado español, revelando por qué el auge de las renovables en el país viene acompañado de plazos de desarrollo prolongados y qué implica esto para inversores, desarrolladores y los objetivos energéticos de España para 2030.
Puntos clave
- El plazo total de desarrollo abarca de 3 a 5 años desde la solicitud inicial hasta la operación comercial, con los procesos regulatorios representando entre el 60% y el 70% del tiempo total del proyecto.
- La construcción suele durar entre 1 y 2 años, representando apenas el 30% del plazo total.
- Las evaluaciones de impacto ambiental son el mayor cuello de botella, llegando a requerir hasta 18 meses para completarse.
- Las diferencias regionales son notables: Extremadura y Andalucía son las regiones más ágiles para construir activos, mientras que Cataluña solo logró un crecimiento renovable del 2,2% en 2023.
El cronograma de desarrollo
Los plazos de construcción se están acortando. Iberdrola construyó su planta solar Núñez de Balboa de 500 MW en solo 13 meses. Sin embargo, el proceso total de desarrollo abarcó 7 años (2012-2019), principalmente debido a la extensa fase previa a la construcción.
Antes de que los desarrolladores puedan tomar la decisión final de inversión (FID), los proyectos deben atravesar un complejo laberinto regulatorio. El RDL 23/2020 introdujo hitos administrativos obligatorios para mantener los permisos de acceso y conexión a la red, cambiando fundamentalmente los plazos de los proyectos.
Las evaluaciones de impacto ambiental dominan la fase previa a la FID, requiriendo normalmente de 12 a 18 meses para completarse. Los proyectos deben obtener Declaraciones de Impacto Ambiental favorables antes de avanzar a la autorización administrativa, que suma otros 6 a 12 meses. Los permisos de conexión a red añaden incertidumbre, con plazos de 6 a 24 meses según sea conexión a transporte o distribución.
